La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y Javier Lambán, presidente de Aragón, han alcanzado un acuerdo sobre los contenidos y la financiación del Convenio de Transición Justa de Aragón.
El Convenio, ligado a 200 millones de euros de fondos públicos para 34 municipios, es el primero del país en contar con un documento base con compromisos específicos para las zonas afectadas por el cierre de centrales eléctricas de carbón y de explotaciones mineras.
El Convenio, una herramienta para la cogobernanza que garantiza el compromiso y la coordinación de las administraciones estatal, autonómica y locales, tiene un período de vigencia de siete años, con un calendario de medidas a desarrollar y un sistema de control periódico en el que también participan la Diputación de Teruel, organizaciones empresariales, sindicales, ambientalistas, así como otros representantes de la sociedad civil.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará aproximadamente 36 millones adicionales a los 64 millones ya adjudicados y comprometidos por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), a los que se suma el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos programas energéticos priorizan las áreas de transición justa con una financiación de 2.740 millones.
El Gobierno de Aragón, por su parte, gestionará 92 millones procedentes del Fondo de Transición Justa de la UE, sobre los que adicionará 12,5 millones en términos de cofinanciación pública, junto con otras herramientas de apoyo. Para 2023, el Ejecutivo de Aragón contempla la aplicación de 21 millones de dicho fondo.
El Instituto de Transición Justa (ITJ) ya ha impulsado 60 proyectos para cumplir los objetivos del Convenio. Con unas ayudas de 34,5 millones, movilizarán 84 millones y crearán más de 250 empleos, prácticamente la mitad de los afectados por los cierres de las minas y la central térmica de Andorra. Con vistas a futuro, sólo el concurso del nudo Mudéjar permitirá crear más de 4.400 empleos en la fase de construcción de las centrales de renovables y más de 250 en su operación a largo plazo; a ellos se añaden casi 400 puestos vinculados a los demás proyectos asociados.